Feb 9, 2023
El diputado Nacional del Bloque socialista Enrique Estévez Boero presentó junto a Mónica Fein ante la Cámara de Diputados un proyecto para declarar la Emergencia en materia de Seguridad en el Área Metropolitana de Rosario. “La violencia y la inseguridad en la región está en niveles extremos, sin antecedentes. La promesa de ‘la paz y el orden’ del gobernador Omar Perotti fue una irresponsabilidad que hoy pagamos todos los santafesinos. El análisis de la situación actual amerita un abordaje con seriedad y sin improvisaciones”, detalló.
El proyecto de ley presentado busca declarar al departamento Rosario en emergencia creando un fondo económico que sea administrado y ejecutado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“El Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo de la lucha contra el crimen organizado, Rosario es parte del país y nos abandonaron” reclamó el legislador y agregó: “La ciudad de Rosario registra un homicidio cada 28 horas en lo que va de 2023, mientras que en 2022 registró 287 asesinatos e innumerables balaceras. Es una situación que requiere de una rápida acción de parte de todos los estamentos del Estado”.
Conjuntamente, la iniciativa propone incrementar la cantidad de efectivos de las fuerzas federales y ampliar la presencia de la Agencia Federal de Inteligencia en la ciudad de Rosario.
“Buscamos que exista un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y Provincial que mejore el control del servicio penitenciario en todas las unidades penales de la provincia. También solicitamos que se cree una junta de emergencia en seguridad y un comité de crisis representado por el gobierno nacional, provincial y gobiernos locales”, remarcó Estévez Boero.
“La ciudad de Rosario y su área metropolitana, son protagonistas de innumerables homicidios y otros delitos relacionados a economías ilegales y narcocriminalidad. La inoperancia del gobierno provincial y nacional que no tienen un plan en materia de seguridad que sea concreto, medible y verificable”, sentenció.
Siete de cada diez homicidios en Rosario tienen relación con organizaciones criminales
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se registraron 287 homicidios en el departamento Rosario durante el año 2022, llegando a su récord histórico. Siete de cada diez tuvieron relación con organizaciones criminales y nueve de cada diez fueron ejecutados con armas de fuego.
Durante el 2020 el Gobierno Nacional anunció hacer una inversión de 3 mil millones de pesos y también garantizó la llegada de nuevos efectivos de fuerzas federales. El dinero iba a ser invertido por la provincia en tecnologías, mobiliario y personal necesario para limitar el accionar de estos grupos mafiosos y así bajar los índices de violencia.
“Lamentablemente, el gobierno provincial no supo cómo invertir 3 mil millones de pesos y hasta el día de hoy no se ha invertido ni una mínima parte de este presupuesto. Hay nuevos policías egresados que no pueden salir a la calle por no contar con chalecos antibala”, explicó el diputado.
EL PEDIDO DE FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL FEDERAL
Asimismo, el diputado Nacional le solicitará a Cristina Fernandez de Kirchner como presidenta del Senado de la Nación que asigne a los senadores correspondientes de la Comisión Bicameral de seguimiento e implementación del Código Procesal Penal de la Nación.
El diputado nacional señaló que “hace dos años que la comisión bicameral por problemas netamente políticos no se reúne”. Y luego, añadió: “Para la ciudad de Rosario es urgente fortalecer la justicia penal federal, por eso le solicitamos la pronta implementación del Código Procesal Penal y que el Ejecutivo nacional destine los recursos necesarios para garantizar su implementación, sin el funcionamiento de esta Comisión Bicameral este proceso no puede iniciarse”
“La angustiante situación de seguridad que están atravesando los santafesinos y las santafesinas no admite más dilaciones en la urgente implementación de dicho Código, para dotar de mayor herramientas, celeridad y transparencia a la Justicia Penal Federal en el combate contra el crimen organizado”, resaltó el legislador.
Oct 24, 2022
El fondo nacional destinado a los conurbanos de Rosario y Santa Fe está congelado desde los años 90 en $30 millones, por este motivo y dado un nuevo contexto de crisis, el socialismo presentó en el congreso un proyecto para actualizar el fondo a $5.600 millones.
Dentro de un acuerdo con legisladores de otras fuerzas políticas, el proyecto que se presentó tiene como objetivo reparar la injusta inequidad al rededor de los recursos económicos asignados a los fondos de emergencia social en el interior del país.
El fondo fue creado con el mismo fin que tiene el de los bonaerenses – El mismo fue actualizado en el año 2017-, invertir en infraestructura, seguridad, educación, entre otras necesidades que tienen los barrios alejados de los grandes conglomerados.
Los barrios de las grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, necesitan poder invertir en obras que optimicen la vida de los y las vecinas. El Gobierno Nacional debe pensar en un país auténticamente federal y hacer lugar a este pedido.
Para conocer el proyecto dale clic al siguiente enlace:
LEY ACTUALIZACION FONDO EMERGENCIA SOCIAL
Sep 1, 2022
El diputado nacional Enrique Estévez, del Bloque Socialista, presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental en el delta del río Paraná, crear un Programa de Recomposición Ambiental y la ejecución de un fondo específico, que permitan acciones concretas para combatir los incendios y trabajar en la prevención con mayor infraestructura.
“Los incendios son en lugares predecibles y, lamentablemente, los anuncios que han hecho tanto desde el Gobierno Nacional como el Gobierno de la provincia de Santa Fe no tuvieron efecto. No hay un interés real para esta catástrofe”, señaló Enrique Estévez, quien solicitó de “manera urgente la aprobación de esta ley”. Esto permitiría la creación de un fondo económico acorde a la magnitud de la tragedia ecológica que padecen los humedales del delta del Paraná, para que haya una inversión real destinada a recuperar lo dañado, prevenir futuros incendios y cuidar a los brigadistas con mayor infraestructura y recursos técnicos.
Estévez viene llevando adelante la presentación de varios proyectos que ponen sobre la mesa la gravedad y la falta de decisión política ante el desastre ambiental que se está provocando en el delta, afectando a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. “El oficialismo nacional tiene la llave para abrir el debate en el seno del Congreso e impulsar la ley de humedales que es un piso que permitirá cuidar estos ecosistemas, pero deciden no hacerlo. Eso es una decisión política”, sentenció el diputado. Y agregó: “Durante el 2020 trabajamos para tener un dictamen común, pero el oficialismo frenó su tratamiento en la comisión de Agricultura e hicieron que pierda estado parlamentario. Actualmente, trabajan en un proyecto de cuidado de los humedales que no tiene consenso, no da un marco ni herramientas para defender el ecosistema y solamente conserva el título de ‘ley de humedales’”.
El proyecto presentado por el diputado socialista considera fundamental que el programa de recomposición ambiental se trabaje articuladamente con las autoridades jurisdiccionales de – Santa fe, Entre Ríos y Buenos Aires – asignadas en el PIECAS. “Es imperioso que exista una coordinación estatal entre la Nación, las provincias y el Poder Judicial”, fundamentó Enrique Estévez, y dijo: “Cabandié, que deja mucho que desear, no tiene una noción real del tema, sólo viene al territorio como un gran relator sin un plan concreto de trabajo”.
El ecocidio ha adquirido una dimensión alarmante. Existe el riesgo inminente de pasar un punto de no retorno, a partir del cual el ecosistema colapsa y pierde la capacidad de regenerarse.
A esto, se suma una repercusión negativa en la salud de las personas que viven en localidades aledañas a los incendios. Los niveles de contaminación por partículas detectadas en el aire superan los umbrales de contaminación determinados por la Organización Mundial de la Salud, lo que afecta considerablemente a grupos de riesgo, como pueden ser adultos mayores y niños, dejando secuelas en personas con afecciones cardiológicas y pulmonares. “Si el humo no llega a Capital Federal es como si no hubiese pasado nada, hay una mirada que termina en la panamericana, no les interesa lo que pasa en el interior del país”, concluyó.
Jun 17, 2021
Hoy en Argentina hay más de 4 millones de hogares que no cuentan con servicio de gas de red y utilizan gas licuado de petróleo por medio de la garrafa. En ese marco, el Socialismo propone declarar a esta última como servicio público para que las tarifas puedan ser reguladas por el Estado.
El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó hoy un proyecto en el Congreso para que se declare servicio público al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en el territorio nacional. “Hoy en la Argentina 1 de cada 3 hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse”, manifestó el legislador socialista para explicar la importancia de su proyecto, y acotó: “Por eso resulta urgente que el Estado sea el regulador de las tarifas de las garrafas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”.
La realidad es que dichos sectores están pagando altos costos por este servicio; por ejemplo, en las estaciones de servicio de YPF ubicadas en la localidad de Moreno (Provincia de Buenos Aires) la garrafa de 10kg se vende a $720, cuando –con los aumentos autorizados por la Secretaría de Energía desde el 1 de junio- las garrafas de 10 kilos debiesen tener un precio de $435,18.
“La declaración de servicio público implica la posibilidad que el órgano de control fije las tarifas de toda la cadena en función de los costos y de una rentabilidad razonable y principalmente que los pueda controlar”, explicó Enrique Estévez, y disparó: “La discusión es simple; al precio de las garrafas o lo fija el Estado o lo siguen haciendo las petroleras”.
De esta manera, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo fije un cuadro tarifario para cada una de las etapas desde la producción hasta la comercialización, pero también será quien deberá establecer un sistema de distribución que garantice la universalidad del servicio.
“Tenemos que equiparar esta enorme desigualdad existente entre los sectores que tienen gas de red, y que además posee subsidios, cuestión que estamos de acuerdo por eso acompañamos el proyecto de Zona Fría, y sectores de menores recursos que carecen de ese beneficio”, indicó el dirigente socialista y contó que “también hay poblaciones enteras en el interior del país que no gozan de dicho subsidio porque no tienen conductos de gas”.
Si bien el Gobierno Nacional creó el Programa Hogares con Garrafas, el cual subsidia el precio de las mismas, esta medida alcanza a 2,3 millones de hogares, que representan cerca del 60% de los consumidores de este producto. Es que según el último censo, más de 4.5 millones de hogares de la Argentina utilizan el gas licuado de petróleo.
“El subsidio actual resulta insuficiente, primero porque hay un gran universo de personas que no son beneficiadas con el mismo y segundo porque no estamos trabajando el problema de raíz, que es la necesidad de un Estado presente que se encargue no sólo de regular las tarifas, sino que en muchos casos también se hace fundamental poder garantizar la distribución”, expresó el diputado del Frente Progresista.
