Nov 2, 2022
Las tecnologías han repercutido en la forma en que se perfeccionan las relaciones de consumo pero también han provocado que cuando acontece un conflicto entre proveedores y usuarios este último encuentra muchas dificultades para realizar el reclamo, muchas veces por tener dificultades con las mismas tecnologías.
Es por este motivo que el diputado decidió presentar un proyecto que regule la atención humanizada del usuario y consumidor por parte de las empresas prestadoras de bienes y servicios. Es decir, deberá reglamentarse la atención humana para evacuar dudas o realizar un reclamo.
Esto facilitará que aquella población que no tiene acceso a los nuevos dispositivos tecnológicos cuenten con un canal de reclamo.
La propuesta será aplicada también en empresas de servicios básicos como luz, agua, gas, energía eléctrica, telefonía fija y móvil, también en internet, servicios de comunicación audiovisual y cualquier plataforma de entretenimiento. Los servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo también deberán contar con atención humanizada.
Cualquier proveedor deberá contar con un número gratuito y la atención personalizada y humanizada tendrá que ser la primera opción de menú.
Por último, otro punto clave del proyecto será la atención presencial en los lugares donde se presten servicios y ofrezcan bienes para usuarios y consumidores.
Jun 17, 2021
Hoy en Argentina hay más de 4 millones de hogares que no cuentan con servicio de gas de red y utilizan gas licuado de petróleo por medio de la garrafa. En ese marco, el Socialismo propone declarar a esta última como servicio público para que las tarifas puedan ser reguladas por el Estado.
El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó hoy un proyecto en el Congreso para que se declare servicio público al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en el territorio nacional. “Hoy en la Argentina 1 de cada 3 hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse”, manifestó el legislador socialista para explicar la importancia de su proyecto, y acotó: “Por eso resulta urgente que el Estado sea el regulador de las tarifas de las garrafas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”.
La realidad es que dichos sectores están pagando altos costos por este servicio; por ejemplo, en las estaciones de servicio de YPF ubicadas en la localidad de Moreno (Provincia de Buenos Aires) la garrafa de 10kg se vende a $720, cuando –con los aumentos autorizados por la Secretaría de Energía desde el 1 de junio- las garrafas de 10 kilos debiesen tener un precio de $435,18.
“La declaración de servicio público implica la posibilidad que el órgano de control fije las tarifas de toda la cadena en función de los costos y de una rentabilidad razonable y principalmente que los pueda controlar”, explicó Enrique Estévez, y disparó: “La discusión es simple; al precio de las garrafas o lo fija el Estado o lo siguen haciendo las petroleras”.
De esta manera, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo fije un cuadro tarifario para cada una de las etapas desde la producción hasta la comercialización, pero también será quien deberá establecer un sistema de distribución que garantice la universalidad del servicio.
“Tenemos que equiparar esta enorme desigualdad existente entre los sectores que tienen gas de red, y que además posee subsidios, cuestión que estamos de acuerdo por eso acompañamos el proyecto de Zona Fría, y sectores de menores recursos que carecen de ese beneficio”, indicó el dirigente socialista y contó que “también hay poblaciones enteras en el interior del país que no gozan de dicho subsidio porque no tienen conductos de gas”.
Si bien el Gobierno Nacional creó el Programa Hogares con Garrafas, el cual subsidia el precio de las mismas, esta medida alcanza a 2,3 millones de hogares, que representan cerca del 60% de los consumidores de este producto. Es que según el último censo, más de 4.5 millones de hogares de la Argentina utilizan el gas licuado de petróleo.
“El subsidio actual resulta insuficiente, primero porque hay un gran universo de personas que no son beneficiadas con el mismo y segundo porque no estamos trabajando el problema de raíz, que es la necesidad de un Estado presente que se encargue no sólo de regular las tarifas, sino que en muchos casos también se hace fundamental poder garantizar la distribución”, expresó el diputado del Frente Progresista.
Abr 20, 2021
Argumentan que el prohibicionismo ha sido un fracaso en materia de reducción de la oferta y el consumo, y que es una oportunidad histórica para avanzar en un marco regulatorio a cargo del Estado.
El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó en el Congreso su proyecto de Ley de regulación integral del cannabis, de forma de establecer un marco regulatorio para el cultivo, producción, distribución, comercialización y adquisición del cannabis y sus derivados en todo el territorio nacional.
“A poco de la nueva reglamentación del cannabis medicinal, creemos que es una oportunidad histórica para avanzar en la legalización controlada del cannabis. Proponemos una regulación con un enfoque basado en la prevención, promoción de salud y acceso a abordajes integrales en consumos problemáticos”, explicó el secretario General del Partido Socialista de Santa Fe sobre esta propuesta que viene a completar una decena de proyectos de diferentes bloques.
El dirigente socialista explicó: “Para desplazar el mercado ilegal, buscamos que el Estado asuma en forma exclusiva el control y la regulación de las actividades asociadas al cannabis”. Dichas actividades serían las de importación, exportación, cultivo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición del cannabis, así como las semillas o los productos que los contengan.
En relación al consumo, hay evidencias que muestran que el mismo se incrementa, pese a que se fortalecen cada vez más las políticas represivas. Según un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) publicado en el 2018, el consumo de cannabis psicoactivo continúa en aumento a nivel país; la población consumidora creció de un 3,2% en el año 2010 a un 8,3% en el 2017.
“El sistema prohibicionista y el abordaje represivo con el objetivo de reducir la producción y el consumo de sustancias han demostrado ser un rotundo fracaso en el mundo entero”, señaló Enrique Estévez, y denunció: “Las prácticas de persecución, criminalización e inicio de causas penales se centraron en los usuarios de sustancias, generalmente de sectores vulnerados, y no en los sujetos y organizaciones encargados de la venta y el tráfico ilícito”.
En este contexto, el legislador nacional explicó que se deben diseñar estrategias alternativas para combatir el mercado ilícito en torno al cannabis y garantizar el acceso a las personas usuarias, tomando como ejemplos las regulaciones que ya funcionan, incluyendo el uso no médico, desarrolladas en Uruguay, Canadá o en algunos Estados de EE.UU.
Además, el diputado del Frente Progresista hizo mención al consumo problemático de sustancias y enfatizó: “La criminalización obstaculiza cualquier abordaje sanitario”.
Autocultivo y Clubes
La iniciativa legislativa propone que se permita el autocultivo para personas mayores de edad con un límite por vivienda de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo en exterior o un espacio cultivable de dos metros cuadrados en interior. Con relación a las cantidades máximas admitidas, desde el Socialismo consideran “razonable” el parámetro adoptado por Uruguay de 480 gramos anuales por persona.
Asimismo, autoriza los clubes de cultivo de cannabis quienes podrán abastecer a sus miembros, que deberán constituirse como asociaciones civiles bajo el estricto control de Estado.
Productores de pequeña escala
El modelo de regulación controlada propuesto habilita un mercado de producción, distribución y comercialización bajo formas asociativas y cooperativas, sólo con emprendimientos de pequeña escala, de modo tal que se evite la concentración del mercado en corporaciones y que no sea el ánimo de lucro el que dicte las reglas del mercado sino un fuerte control estatal con eje en la salud pública.
¿Dónde y quiénes no?
El proyecto también deja bien claro que las personas menores de dieciocho años de edad no podrán acceder al cannabis, salvo para uso medicinal.
Y al igual que pasa con el cigarrillo de tabaco, la propuesta especifica que se prohíbe fumar o mantener encendidos productos de cannabis psicoactivo en espacios cerrados, áreas donde se desempeñan actividades laborales, centros de enseñanza, medios de transporte público, entre otros. Asimismo, la iniciativa del Bloque Socialista expresa que queda prohibido estar bajo los efectos del tetrahidrocannabinol (THC) para conducir cualquier categoría de vehículo, equipo o maquinaria peligrosa.
Un organismo para regular
Otra novedad que se propone es la creación del Instituto Nacional para la Regulación y Control del Cannabis (INARCCA), un organismo descentralizado y con plena autonomía funcional con el objetivo de regular las actividades de producción, distribución, comercialización y expendio de cannabis, desalentar las actividades ilegales en relación con dicha sustancia, y reducir los riesgos y daños asociados al consumo de la misma, además de prohibir de promociones, publicidad y patrocinio del cannabis, y asegurar estándares de calidad y seguridad del producto. A la par, la iniciativa también prevé conformar un Consejo Consultivo Honorario que actuará como órgano de consulta.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá controlar y equilibrar el precio de mercado y ofrecer precios accesibles para consumidores y consumidoras de distintos niveles socioeconómicos, con el fin de desincentivar la recurrencia al mercado ilegal.
